“La intervención judicial garantiza los derechos fundamentales de los pacientes”

La juez Aurora Elosegui impartió una conferencia, el pasado 27 de marzo en Irun, sobre los tratamientos judicializados en la enfermedad mental. En la charla organizada por Agifes, la juez analizó la problemática relacionada con cuestiones tan delicadas como la toma obligatoria de medicación o los internamientos hospitalarios forzosos. 
 
En su opinión, la intervención de los jueces en materia de salud mental se justifica en la necesidad de garantizar los derechos fundamentales de los pacientes y de comprobar que existe una razón para esa limitación de derechos frente a otras opciones. En todo caso, quiso remarcar que no se trata de una sanción, “sino de un problema de salud”.
 
La jueza explicó que en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro ámbito se recoge que cualquier actuación sanitaria requiere del consentimiento previo del paciente, y que éste debe estar puntualmente informado de su situación, de las alternativas médicas y de las consecuencias de cada opción. Pero aunque uno de los derechos básicos del paciente es consentir cualquier intervención, hay que tener en cuenta que previamente debe tener la capacidad de entender lo que supone esa decisión y sus riesgos. Como ella misma apuntó, en algunos casos de enfermedad mental, el paciente niega incluso que padezca una patología, con lo que es imposible que entienda las implicaciones de su decisión. 
 
Aurora Elosegui explicó que es el médico quien debe valorar si el paciente tiene la capacidad de consentir o no un tratamiento, e incidió especialmente en los casos en que existe riesgo para sí mismo o para su entorno, o cuando puede deteriorarse su autonomía. Ante estas situaciones, puede ser necesario optar por el internamiento forzoso, y entonces correspondería al juez autorizarlo si el paciente se niega o no tiene capacidad para dar un consentimiento válido.
 
En casos de crisis, Elosegui apuntó que cabe la posibilidad de optar por el internamiento forzoso inmediato si así lo estiman los equipos sanitarios o las fuerzas de seguridad. La urgencia vendría dada por la excepcionalidad y gravedad del episodio, y no se precisa una autorización judicial previa. Admitió que cuando no se sigue este protocolo se generan problemas, porque si los servicios de urgencias no deciden el ordenamiento urgente y trasladan la responsabilidad al juez, las situaciones de urgencia no reciben la respuesta adecuada inmediata. A su juicio, lo ideal es que prime la urgencia y se proceda al internamiento para afrontar la crisis, y que solo posteriormente intervenga el juez para convalidar la decisión.
 
Si no hay razones de urgencia, la juez recalcó que la intervención judicial debe ser previa al internamiento forzoso, siempre a partir del informe médico. De hecho, remarcó que “siempre será el médico quien decida si un paciente debe seguir ingresado”. Además, matizó que en caso de hospitalizaciones voluntarias o programadas, el juez no debe intervenir, ya que se trataría de una cuestión puramente médica.
 
Aurora Elosegui explicó los pasos que tendrían que seguir los familiares en caso de tener que acudir ante un juez para solicitar un internamiento, y aseguró que siempre es deseable contar desde un primer momento con un diagnóstico previo, si existe, junto con todo el historial médico. 

 

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