Iñaki Subijana apuesta por la cooperación entre los sistemas sociosanitario y jurídico

 
Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, es partidario de desarrollar una estrecha colaboración entre los sistemas sociosanitario y jurídico a fin de lograr una coordinación óptima y responder a las necesidades de ambos ámbitos. Subijana ofreció una interesante charla, el 12 de febrero, sobre los aspectos legales y jurídicos relacionados con la imputabilidad de las personas con enfermedad mental.
 
El centro donostiarra Ibiltzen Bentaberri de Agifes se llenó para escuchar al presidente de la Audiencia guipuzcoana, quien en un tono muy didáctico analizó la controvertida situación en la que pueden encontrarse las personas con enfermedad mental y sus familiares cuando se cometen actos delictivos o infracciones.
Subijana comenzó afirmando que es preciso conciliar las necesidades terapéuticas con la justicia restaurativa, que se basa en el respeto a las pautas de convivencia y enfatiza en la reparación del daño causado.
 
Sin embargo, matizó que las sanciones están dirigidas a las personas que puedan comprender que una acción está prohibida y que además tengan la capacidad para actuar conforme a esa comprensión. Por ello, el Código Penal determina que si una persona sufre una anomalía psíquica y tiene alterada o eliminada sus capacidades para comprender y actuar, se considera que su imputabilidad está restringida total o parcialmente. En estos casos, el ordenamiento jurídico dará una respuesta diferente, aplicando el principio legal de “mismo trato a casos iguales, trato diferente a casos diferentes”.
 
En este escenario es, según Subijana, cuando entra el principio de la justicia terapéutica. El mejor ejemplo de los intentos de coordinación entre Justicia y Salud Mental es, a su juicio, la Unidad de Psiquiatría Legal inaugurada hace pocos meses en el complejo Aita Menni de Arrasate por la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo, la Audiencia provincial y Osakidetza. Su objetivo es una atención sanitaria adecuada a las personas con enfermedad mental crónica que se encuentran inmersas en procedimientos judiciales, en su mayoría penales, lo que le convierte en una estructura pionera en el Estado español que prioriza al máximo el elemento asistencial. Su creación evita, además, el desplazamiento de los internos a los hospitales penitenciarios de Fontcalent (Alicante) y Sevilla, lo cual perjudicaba sus vínculos familiares, que en muchos casos son imprescindibles en el proceso de recuperación.
 
Subijana consideró que, por el momento, las diez plazas disponibles en Aita Menni son suficientes para el territorio guipuzcoano, porque deben darse una serie de circunstancias para que una persona con enfermedad mental sea ingresada en esta unidad. En principio, debe sufrir una enfermedad mental que provoque que su imputabilidad esté reducida o eliminada, y además, debe justificarse que la persona deba ser internada para poder recibir un tratamiento terapéutico, sin otras alternativas.
 

Internamiento y tratamiento ambulatorio

Iñaki Subijana destacó la importancia de que la Justicia cuente con toda la información posible cuando una persona diagnosticada con enfermedad mental cometa un delito. Conocer la patología, el tratamiento que recibe, si ha existido algún tipo de resistencia al tratamiento… Con esa información, el tribunal tomará una decisión, que puede ser privativa de libertad (como un internamiento) o no (como un tratamiento ambulatorio). Se estudiarían en su caso los recursos disponibles en Gipuzkoa para determinar si alguno de ellos es el adecuado para, por ejemplo, el internamiento de esa persona con enfermedad mental.
 
El presidente de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa citó una de las lagunas del sistema actual: no existe la prisión provisional terapéutica, por lo que no se puede recurrir a los recursos terapéuticos hasta que se dicte sentencia.
 

Responsabilidad de familiares y guardadores

En la exposición, Subijana resaltó que toda persona que sufre un daño tiene derecho a que se le repare, y es en ese ámbito donde entra la responsabilidad de familiares, tutores y guardadores, sean de hecho o de derecho, de personas con enfermedad mental. De forma general, esas personas se enfrentan a un nivel de exigencia “alto”, aunque, según apuntó el experto, no se trata de una sanción por haber actuado negligentemente, sino que se obedece a la necesidad de reparar un daño injusto. 
 
En este contexto, abogó por conciliar la necesidad de seguridad, para neutralizar el riesgo de reincidencia, con el punto de vista asistencial. Como claves, apostó por la proporcionalidad y el control judicial, así como por el tratamiento profesionalizado, especializado y cercano.
 
En el animado turno de preguntas, se reflejaron las muchas preocupaciones de los presentes sobre las cuestiones relacionadas con la imputabilidad de las personas con enfermedad mental. Especialmente interesante fue el debate sobre la necesaria coordinación con la Fiscalía y las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar que las intervenciones en casos de posibles delitos o infracciones se realicen con las máximas garantías. El propio Subijana asumió que el ámbito penitenciario es otra de las grandes lagunas que quedan por abordar, y que sigue pendiente el objetivo de posibilitar el tratamiento terapéutico idóneo para las personas con enfermedad mental presas.
 

Comentarios

Gracias por colgarlo.
Qué maravilla. Voy a echarme un cigarro para asimilar tanta buena voluntad.
Espero que se proyecte en todo el proceso desde que se comete una falta hasta que el "culpable" vuelve a casa.
Lo siento. No puedo dejar de ser crítico ante algo que me parece quimérico y sobre lo que planea una buena que preparan en Madrid.
Importante lo que dice al final.: preparación y compromiso de todos los agentes.
Gracias de nuevo

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